Sanción de multa impuesta a BEP Corporación Financiera, S.L.U.

El Consejo de Gobierno del Banco de España, en su sesión del 27 de noviembre de 2017, acordó imponer a BEP Corporación Financiera, S.L.U.:

  • sanción de multa de trescientos ochenta mil euros (380.000 €) al haber ejercido sin autorización, durante los años 2014 y 2015, actividades legalmente reservadas a entidades de pago, lo que constituye una infracción muy grave (artículo 4.4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, en relación con el artículo 92.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito).
  • sanción de multa de trescientos setenta y cinco mil euros (375.000 €) al haber utilizado sin autorización, durante los años 2014 y 2015, denominaciones propias de las entidades de crédito o cualesquiera otras que puedan inducir a confusión con ellas, lo que constituye una infracción muy grave (artículo 92.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito).

Asimismo, en la citada sesión se acordó imponer a Dña. María Nieves Artiles Pérez, administradora única de BEP Corporación Financiera, S.L.U.,

  • sanción de multa de cuarenta mil euros (40.000 €) al haber ejercido sin autorización, durante los años 2014 y 2015, actividades legalmente reservadas a entidades de pago, lo que constituye una infracción muy grave (artículo 4.4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, en relación con el artículo 92.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito).
  • sanción de multa de veinticinco mil euros (25.000 euros) al haber utilizado sin autorización, durante los años 2014 y 2015, denominaciones propias de las entidades de crédito o cualesquiera otras que puedan inducir a confusión con ellas, lo que constituye una infracción muy grave (artículo 92.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito).

Estas sanciones son firmes en vía administrativa y están recurridas judicialmente.

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